El secuestro, turtura y asesinato del Capitan de Corbeta (ARV), Rafael Acosta Arévalo, ocurrido durante el mes de junio de 2019, fue la tercera víctima de una trilogía de crímenes de Lesa Humanidad cometidos por la narcodictadura de Nicolás Maduro, que tuvieron relevancia nacional e internacional, la cual comenzó el 15 de enero de 2018 con el asesinato del inspector del CICPC, Óscar Pérez, continuó con el asesinato del concejal, por el Municipio Libertador, Fernando Albán, ocurrido el 8 de octubre de 2018 y terminó con el de este Honorable Oficial de la Armada Venezolana. Los dos últimos asesinatos tienen en común que sus muertes fueron productos de salvajes torturas nunca conocidas en Venezuela y a los autores materiales se les aplicó, al juzgarlos, el Código Penal y no La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes con vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de fecha 22 del mismo mes y año. Por fortuna esos delitos no prescriben y llegará el momento de la aplicación justa de la ley, aunque la ineficiente Corte Penal Internacional no ha atendido las múltiples que contra la narcodictadura de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad han formulado ante ese tribunal instituciones nacionales y multilaterales.
