La crisis contemporánea suele presentarse como una suma de perturbaciones separadas: crisis geopolítica, crisis económica, crisis climática, crisis tecnológica, crisis de legitimidad institucional, crisis de representación política, crisis de la verdad pública. Cada una de ellas posee, sin duda, su propio lenguaje, sus actores reconocibles, sus indicadores y sus campos especializados de análisis. La geopolítica habla de rivalidad entre potencias, corredores estratégicos, sanciones, guerras híbridas y reordenamiento multipolar. La economía describe inflación, deuda, productividad, tipos de interés, deslocalización industrial o estancamiento salarial. La tecnología anuncia automatización, inteligencia artificial, plataformas digitales, dependencia de semiconductores y transformación del trabajo. La sociología identifica polarización, fragmentación comunitaria, descenso de expectativas y erosión de las clases medias. La teoría política, por su parte, diagnostica fatiga democrática, populismo, tecnocracia y crisis de confianza.Sin embargo, bajo esta multiplicidad de superficies podría estar operando una variable más profunda, más antigua y más material: la energía. No como un sector entre otros, no como una industria específica junto a la agricultura, la manufactura, las finanzas o las telecomunicaciones, sino como la condición previa de todas ellas. La energía no es simplemente aquello que permite encender máquinas, transportar mercancías o calentar viviendas. Es el sustrato físico de la organización social. Es la capacidad de transformar el mundo: mover materia, acelerar procesos, sostener infraestructuras, multiplicar la fuerza humana, ampliar la distancia entre la necesidad inmediata y la planificación colectiva. Allí donde hay complejidad social, hay un flujo energético que la sostiene. Allí donde ese flujo se encarece, se interrumpe o pierde calidad, la complejidad empieza a volverse más costosa, más frágil y, finalmente, más difícil de justificar.
