Morir en el Socialismo del Siglo XXI

Venezuela ostenta entre las naciones del mundo el nada envidiable puesto número 15 en lo que respecta a femicidio, según denunció la diputada a la Asamblea Nacional Mary Mora. La parlamentaria explicó que los casos registrados se hacen de manera extraoficial porque la narcodictadura de Nicolás Maduro no contabiliza esos asesinatos, en cuya comisión confluyen muchas causas, entre ellas la impunidad con que actúan los victimarios por el temor de las agredidas a denunciarlos ante las oficinas que procesan los expedientes de maltratos de mujeres existentes en el país, el desconocimiento que tienen muchas de las víctimas de su existencia, porque los órganos gubernamentales competentes no desarrollan campañas informativas al respecto en los medios de comunicación social impresos radiales y televisivos, de manera continua y tampoco pone a disposición de la comunidad folletos, boletines, volantes con miras a prevenir que el maltrato se convierta en homicidio, celopatía, etc. Datos publicados en la Web informan:Cada 38 horas hay un femicidio en Venezuela.83,3% de los casos sucedieron en el hogar.44,5% de las víctimas estaba en edades comprendidas entre 22 a 42 años.

Ningún venezolano debería ser asesinado por participar en una manifestación contra la violación de los derechos humanos por parte de los entes que irregularmente detenten el poder o de naturaleza reivindicativa, social, escasez de alimentos, gas, gasolina, diésel y medicinas, brutalidad policial y castrense, malos servicios públicos, etc. El artículo 68 de la Constitución Nacional es claro y preciso al respecto: "Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas". No resulta ocioso asegurar que las manifestaciones de los sectores democráticos son pacíficas hasta el momento en que llegan las mal llamadas fuerzas de seguridad a disparar a diestra y siniestra contra los protestantes, al inicio o al final de ellas. Esos funcionarios, pagados con el dinero de todos los venezolanos, muchas veces se retiran del lugar cuando llegan los colectivos del terror a asesinar, a maltratar, a ofender y amenazar a quienes disienten de la narcodictadura. En ocasiones trabajan con esos criminales, pagados también con dinero público, al servicio del régimen y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entre el 12 de febrero, inicio de las protestas contra la narcodictadura y el 29 de mayo de 2014, fallecieron 43 personas. Algunos colectivos actuaron violentamente en contra de la oposición sin que las fuerzas del gobierno tomaran medida alguna para impedir esa violencia. Se denunció el uso de armas de fuego por parte de autoridades para controlar manifestaciones, por estar prohibido por el artículo 68 de la Constitución Nacional, el cual reza: "Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público. Amnistía Internacional denunció haber recibido reportes del uso de "balas de goma y gas lacrimógeno disparados en forma directa contra los manifestantes a corta distancia y sin advertencia" y que "estas prácticas violan los estándares internacionales y han resultado en la muerte de por lo menos un manifestante. La organización también expresó preocupación por "el uso de químicos tóxicos en altas concentraciones por parte de fuerzas del gobierno". Ha privado la impunidad en la mayoría de los asesinatos.